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Andrés Manuel se amarró las manos

La gran mayoría de los expertos coincide en que el gobierno federal necesitará una reforma fiscal.

Y no sólo para cumplir con sus promesas de campaña en materia social, sino hasta para enfrentar las necesidades básicas y obligatorias del gasto público.

De acuerdo con Excelsior: El problema es que el presidente Andrés Manuel López Obrador se amarró las manos, desde los tiempos de la campaña electoral, al decir que alcanzaría sus metas sin crear nuevos impuestos, sin aumentar los existentes y sin contratar más deuda.

Por sí solo, el pago de pensiones representa un fardo para las finanzas públicas. El costo de los pasivos laborales a valor presente equivale a 156 por ciento del Producto Interno Bruto —cerca de 36 billones de pesos— y seguirá creciendo año con año hasta duplicarse en tres lustros.

Ese sólo tema requeriría una ingeniera financiera urgente. Pero a raíz de la respuesta que dio López Obrador la semana pasada a la jurisprudencia de la Suprema Corte sobre el tope a las pensiones —“¿cómo vamos a bajar nosotros las pensiones de los trabajadores?”— se ve poco probable que esa reforma pueda prosperar en los cuatro años y ocho meses que quedan del periodo.

Entonces, el gasto no programable seguirá creciendo, pero se ve casi imposible que los ingresos lo hagan al mismo ritmo, por lo que las finanzas públicas se verán cada vez más presionadas en los años por venir.

A pesar de ello, el jueves pasado la nueva titular del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, dijo que aún existe mucho margen para ampliar la recaudación, por lo que no se requiere una reforma.

En un mensaje a sus colaboradores, Buenrostro dijo que la dependencia tiene en disputa por litigios de 1.2 billones de pesos, cantidad que alcanza, dijo, para cubrir los programas sociales por lo que resta del gobierno, satisfacer dos años del presupuesto del sector salud federal, incluyendo al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como dos años del presupuesto de educación de todos los estados.

Será difícil, pues, esperar una reforma fiscal o una de pensiones, lo que obligará al gobierno a ser más creativo a fin de que no falten recursos, muchos de los cuales han sido dirigidos a nuevos programas sociales, que, por cierto, el presidente López Obrador ahora quiere elevar a rango constitucional. Y como la contracción de la economía ya está afectando la recaudación y el combate a la corrupción no ha hecho aparecer los 500 mil millones de pesos anuales de los que hablaba el mandatario en campaña, quizá las soluciones tengan que venir por otras vías.

El viernes, al anunciar lo que pasaría con el avión presidencial, López Obrador dio a conocer los términos de una curiosa rifa en la que, con pretexto de la puesta en venta de la aeronave, se buscaría recaudar tres mil millones de pesos, de los cuales dos mil millones (menos impuestos, claro) se entregarían a 100 ganadores.

Originalmente se había dicho que se rifaría el TP-01, pero como el gobierno, dijo López Obrador, no quiere crear problemas para el ganador del sorteo —y porque lo más seguro es que dicha idea ni siquiera tuviera sustento en la legalidad— se decidió que los premios fuesen en efectivo.

Será un reto vender los seis millones de cachitos a 500 pesos cada uno. Para 96% de los trabajadores formales en México, esa cantidad representa entre uno y cuatro días de salario.

Quizá por eso, informó el Presidente, se hablaría con empresarios para que compren un porcentaje importante de los boletos y los regalen a sus trabajadores. También se enviará una dotación de cachitos a los consulados para que los paisanos —que en 2019 enviaron al país casi 100 millones de dólares diarios— también le entren.

Así que en lugar de que se concrete la necesaria reforma fiscal lo que veremos es una riforma fiscal.

“GR7” – “PVI”

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